8 de marzo; el análisis de la Dra. Yurisha Andrade Morales

1975 fue declarado “Año Internacional de la Mujer”, por la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de impulsar acciones que en el mundo homogeneizaran la lucha de mujeres por sus derechos y combatir las diversas modalidades de discriminación y violencia. Fue ese año cuando se empezó a conmemorar el “Día Internacional de la Mujer”, y si bien tiene antecedentes en la iniciativa del Partido Socialista de América para celebrarlo el 28 de febrero de 1909, a propósito de la huelga que en 1908 encabezaron mujeres del sector textil en la Ciudad de Nueva york, dos años más tarde, en 1977, la ONU declara formalmente que la conmemoración será el “8 de marzo”.

            Se trata de una fecha en la que se visibiliza la discriminación y la violencia que aún sufren muchas mujeres con independencia de sus características étnicas, lingüísticas, culturales, económicas, sociales o políticas y también para destacar múltiples batallas y logros por la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo. La historia de las últimas décadas da cuenta de una cronología exhaustiva de la lucha y de los logros encaminados a establecer la igualdad sustantiva.

            Entre los acontecimientos más significativos está la cumbre de mujeres en el poder celebrada en Atenas en 1992 donde se acuñó el concepto de “democracia paritaria” para destacar el hecho de que la mitad de la población de los diversos países no participa en la toma de las decisiones colectivas y menos aún en la integración del poder público y, por ello, se señaló: “Proclamamos la necesidad de conseguir un reparto equilibrado de los poderes públicos y políticos entre mujeres y hombres. …Un sistema democrático debe asegurar una participación igual de sus ciudadanos y ciudadanas en la vida pública y política”.

            México tiene una larga travesía en la que, paso a paso, se abren espacios y se trabaja para demoler los esquemas culturales y la mentalidad que todavía limita el ejercicio cabal de nuestros derechos. Entre los antecedentes más importantes destaca que el año de 1917 es significativo por la promulgación de nuestra, constitución pero también por las mujeres lideradas por Hermila Galindo que con valentía exigieron al Congreso Constituyente el reconocimiento de sus derechos; el Decreto de 1923 que en San Luis Potosí reguló que las mujeres podían votar y ser votadas; la igualdad de derechos de hombres y mujeres que en 1925 se dio en Chiapas; el reconocimiento constitucional del voto femenino para las elecciones municipales de 1947; y la elevación a rango constitucional del voto universal de las mujeres en 1953.

            Vinieron reformas significativas que definieron cuotas para postular candidaturas, pero fue hasta 2014 cuando se elevó a rango constitucional la obligación de los partidos para observar el principio de paridad de género en el registro de sus candidaturas. Mientras que la reforma de 2019 estatuyó la paridad como principio rector del Estado Mexicano determinando que deberá observarse en los gobiernos nacional, estatal y municipal, así como en los organismos constitucionalmente autónomos.

            La paridad en la postulación de candidaturas y ahora en la integración de los gobiernos y de las instituciones públicas, si bien surgió bajo diversas modalidades de acciones afirmativas se ha convertido en una realidad legal que debe materializarse, pues forma parte de los principios que defiende la constitución y llegó para que las mujeres avancemos en la ocupación de responsabilidades públicas por méritos propios y en una demostración amplia de nuestras capacidades profesionales e intelectuales.

            La armonización de las legislaciones locales con la federal ha logrado que al menos nueve congresos de entidades federativas hayan establecido la paridad en la integración de sus ayuntamientos: Aguascalientes, Ciudad de México, Colima, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

            También en los procesos electorales se observan logros de mujeres en la ocupación de responsabilidades públicas. Así, en 2018 en 9 Estados renovaron gubernatura registrándose 50 candidaturas, de las cuales un 78% fue de hombres y solo un 22% de mujeres; en 2019 se renovaron las correspondientes a Baja California y Puebla sin que hubiera mujeres candidatas; mientras que en 2021 se renovaron 15, teniéndose 117 candidaturas, donde el 52% fueron hombres y el 48% mujeres.

            Estamos en la ruta correcta. Los avances legislativos son fundamentales y diversos logros indican que paulatinamente se materializa la igualdad sustantiva que se ha planteado como objetivo central. Es momento para hacer un balance que permita conocer dónde y por qué aún se generan diversas resistencias y prevalece la discriminación y la violencia. Si no logramos erradicar estos males endémicos nuestra democracia seguirá teniendo deudas históricas con las mujeres.