Reportan ciudadanos compra de votos mediante recursos públicos

Durante este proceso electoral Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha recibido, del 9 de abril a ayer, 151 reportes ciudadanos de 25 entidades del país acusando compra de votos mediante recursos públicos: el 41 por ciento es por entrega de despensas u otros utensilios; el 36 por ciento refiere condicionamiento para recibir o no beneficios de programas sociales como Prospera; el 18 por ciento es por entrega de dinero en efectivo y el 5 por ciento corresponde al reparto de tarjetas con depósitos.

Del condicionamiento reportado, el 58 por ciento es a cambio de la credencial del INE o una fotocopia.

De acuerdo con el portal Democraciasinpobreza.mx, herramienta basada en un formulario para la denuncia anónima de este acto ilícito, el voto se está comprando en 500 pesos. Aunque en el Estado de México, la entidad con el mayor número de población con carencias, cotiza hasta en 5 mil pesos, mientras que en la Ciudad de México el precio va de 200 a 2 mil 500 pesos, sobre todo en Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero.

Dado que la herramienta digital no es estadísticamente representativa, no se publican los estados ni partidos donde más se registra la compra. Que la incidencia de las denuncias recibidas sea en el centro del país lo atribuyen al alcance de difusión del formulario.

“A mayor poder, mayor compra de voto”, dijo Santiago Nieto, ex titular de la Fepade y ahora asesor de la campaña del candidato Andrés Manuel López Obrador. Aclaró que no está afiliado a Morena, continuará como académico y solo aportará con un “programa de blindaje electoral”.

Pero, detalló basado en su paso por Fepade y no en democraciasinpovreza.mx, este acto “lastimoso” se ha dado sobre todo con el PRI con Prospera y en espacios geográficos con mayor marginalidad del país, como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Estado de México, donde comer o no ese día “depende” de la venta del voto.

Nieto aseguró que durante esta jornada electoral es importante que la Fepade actúe y que se vigile al TEPJF, donde cuatro de sus magistrados “siempre termina resolviendo a favor del gobierno, particularmente del PRI”.

Alberto Serdán, coordinador de Acción Ciudadana, enfatizó que esta compra de voto se da en un país donde el 50.3 por ciento vive en pobreza y la canasta básica cuesta alrededor de 1,400 pesos mensuales.

El acto “inmoral e ilegal”, que no ayuda a dejar de vivir en pobreza, lo hacen todos los partidos políticos a nivel nacional, pero, precisó, depende del partido que está gobernando en esa zona la intensidad de la compra.

A la par, en el primer trimestre de este 2018 se disparó el gasto ejercido de programas sociales de Sedesol. El egreso en el programa Empleo Temporal aumentó un 1,480.9 por ciento frente al primer trimestre de 2017; el de Conversión Social un 815.5 por ciento; el de Apoyo a Instancias de Mujeres un 237 por ciento; y el de Comedores comunitarios un 184.3 por ciento.

“De algún lado se necesita sacar el dinero para comprar el voto”, dijo Serdán, coordinador de Acción Ciudadana.

Además, la bitácora de monitoreo a 71 medios de Acción Ciudadana ha recopilado mil 613 noticias de prensa sobre acciones de compra y coacción del voto.

Entre los principales hallazgos de este ejercicio en medios, son el reparto de tarjetas en Coyoacán, Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México, Chiapas, Veracruz, entre otros, como la de “Avanzar Contigo” de la campaña del priista José Antonio Meade.

Estas denuncias sobre uso electoral de programas sociales contravienen la Ley General de delitos electorales. El caso de fotocopiar la credencial del INE viola las leyes de protección de datos personales, precisó Acción Ciudadana.

Por ello, el conjunto de más de 60 organizaciones civiles llamó al INE y a la Fepade a consultar estas denuncias ciudadanas para focalizar la compra de voto en el país, investigar y garantizar el voto libre y secreto.

“El modelo de desarrollo social ha sido pervertido para generar clientelismo de naturaleza política”, afirmó el ex Fiscal Santiago Nieto, por lo que pidió revisar los perfiles de titulares de SEDESOL, Sedatu y SAGARPA para que no sean solo operadores políticos.